Los expedientes sancionadores por no depositar cuentas anuales en los registros mercantiles aumentaron un 5% en 2023.
Mario Cantalapiedra - Economista
En el año 2023, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo autónomo encargado de la supervisión y elaboración de las normas en contabilidad y auditoría en España, incrementó la cantidad de expedientes sancionadores a las empresas que incumplieron la obligación de depositar sus cuentas anuales.
El ICAC tiene la facultad de sancionar a las sociedades cuyo órgano de administración incumple la obligación de depositar las cuentas anuales en los registros mercantiles dentro del plazo establecido, según lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital.
La sanción a aplicar se determina en función de la dimensión de la empresa, considerando el importe total de las partidas del activo y su cifra de ventas, según la última declaración presentada ante la Agencia Tributaria. Las multas pueden variar entre 1.200 y 60.000 euros por cada año de incumplimiento para las empresas más pequeñas, y pueden llegar hasta los 300.000 euros para las sociedades que facturen más de 6 millones de euros.
La Memoria Anual de Actividades del ICAC correspondiente a 2023 revela que el número de expedientes sancionadores resueltos en materia de depósito de cuentas anuales durante ese año fue de 316. Esto representa un incremento del 5% en comparación con 2022 (300 expedientes) y un aumento del 92% en comparación con 2021 (165 expedientes). Se confirma así la tendencia al alza en la imposición de sanciones.
Por otro lado, el importe de las multas impuestas a las empresas por no presentar sus cuentas ascendió en 2023 a 563.458,94 euros, una media de 1.783,10 euros por expediente. Aunque el número de expedientes aumento en comparación con 2022, el importe total de las multas fue interior.
Además de la posible sanción del ICAC, la falta de presentación de las cuentas anuales puede acarrear una serie de consecuencias negativas a las empresas. Estas incluyen el cierre de la hoja registral, un impacto negativo en los informes comerciales, aumento de las dificultades para obtener financiación bancaria y cobertura del seguro de crédito, y la revocación del NIF por parte de la Administración tributaria en caso de incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos.
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