Análisis del Quinto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España

Mario Cantalapiedra - Economista

Se acaba de presentar el Quinto Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España una vez más con el objetivo de informar sobre la evolución real de la morosidad empresarial, los plazos de pago y la gestión del riesgo de crédito. Los resultados de esta edición se han obtenido en base a la información facilitada por 190 profesionales  relacionados con la gestión del riesgo cliente o credit management entre los meses de abril y mayo de 2013.

Según este Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito, se mantiene invariado con respecto al dato anterior, concretamente en el 56 por ciento, el porcentaje de empresas españolas que han sufrido algún impago significativo en los últimos doce meses. Luego más de la mitad de las compañías se ven afectadas por la lacra de la morosidad. Asimismo la falta de disponibilidad de fondos continúa siendo, con mucho, el principal motivo de impago, según el 86 por ciento de los encuestados, el mayor porcentaje nunca antes registrado en las anteriores oleadas del Estudio. Las empresas españolas siguen ‘secas’ en cuanto a liquidez se refiere y esto se traduce en retrasos a la hora de pagar las facturas de sus proveedores.

Destaca del Estudio el aumento significativo del porcentaje de empresas que reclaman un reglamento sancionador, el cual penalice los incumplimientos de los plazos de pago establecidos legalmente. En este caso, dicho porcentaje pasa del 75 por ciento del anterior estudio al 82 por ciento del actual. Por lo que se ve, se piensa que sin sanción, no habrá cumplimiento de la legislación contra la morosidad, que ésta es poco más que ‘papel mojado’. Además si hablamos de plazos de pago, dos de cada tres empresas afirman que en 2012 trabajaron con plazos superiores a los marcados legalmente e inclusive se prevé que para 2013 la cosa empeore, de tal modo que únicamente el 32 por ciento de las compañías vaticinan mantener sus plazos medios de pago por debajo de los 60 días que marca actualmente nuestra legislación vigente. Está claro que no basta con escribir negro sobre blanco, con legislar, para desterrar las malas prácticas de pago en España, se necesita un cambio de cultura, quizás motivado por el ‘palo’ de la sanción detrás, esfuerzo por parte de todos los actores involucrados en la economía, con administraciones públicas y grandes empresas a la cabeza y, por supuesto, recuperar la liquidez que drene el sistema.