Análisis del Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España
Mario Cantalapiedra - Economista
Los datos que aporta el Noveno Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School, muestran que prácticamente una de cada tres empresas españolas (el 31 por ciento) ha sufrido algún impago significativo en los últimos 12 meses, observándose solamente una leve mejoría con respecto al dato del Estudio anterior (del 34 por ciento). Si bien es cierto que las cosas han mejorado, de forma progresiva, desde el máximo histórico de 2012, cuando el 66 por ciento de las empresas declaraban tener impagos significativos, también parece que la situación se está estancando y la cifra no deja de ser preocupante.
En cuanto al impacto de los impagados, para el 74 por ciento de las empresas encuestadas la morosidad supone consecuencias negativas de un modo general, pero lo que verdaderamente asusta es comprobar que para el 13 por ciento de la muestra el retraso en el cobro de sus facturas pone en riesgo su propia continuidad en el mercado.
Realmente no parece sencillo desarrollar una actividad empresarial en un país donde nada menos que el 83 por ciento de las empresas declaran tener que aceptar plazos superiores a los deseados, más allá de que exista un texto legal que limite los pagos a 60 días. El papel lo aguanta todo, la realidad empresarial va por otro camino. Como parece lógico, los que pueden imponer estas condiciones son los que ejercen una mayor fuerza relativa ante sus proveedores. De este modo, el 57 por ciento de las empresas se ven obligadas a aceptar plazos de cobro superiores a los deseados de sus clientes grandes empresas, mientras que el 50 por ciento los tienen que aceptar del sector público. Como siempre digo, hasta que las grandes compañías y las administraciones públicas no prediquen con el ejemplo y cumplan con los plazos de pago legales, seguiremos lidiando con tasas de morosidad demasiado elevadas para una economía como la española que se considera “avanzada”.