A pesar de las ventajas que ofrece, son pocas las empresas que deciden realizar una auditoría voluntaria de sus cuentas anuales.
Mario Cantalapiedra - Economista
El número total de trabajos e informes de auditoría de cuentas realizados en España ascendió a 68.571 en 2022 en base a la información aportada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Este dato supone una caída del 5,13% con respecto a la cifra del año anterior.
La auditoría es el proceso mediante el cual un auditor externo revisa y verifica que la información contenida en las cuentas anuales de una empresa es fiable y refleja adecuadamente su situación financiera.
A pesar de que España existen casi 3,5 millones de empresas, el número de auditorías contables realizadas es proporcionalmente muy bajo. Muchas empresas ven la auditoría como un mero requisito legal y tratan de evitarla si están obligadas a presentarla. De acuerdo con los datos del ICAC, solo el 28% de los informes de auditoría en España son voluntarios, mientras que el resto se presentan por obligación.
En base al artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, deben auditar sus cuentas las empresas que, durante dos ejercicios consecutivos, cumplan dos de las tres circunstancias siguientes:
Por otro lado, existen sociedades que están obligadas a auditarse debido a la actividad que realizan o por encontrarse en determinadas circunstancias (entidades de crédito, empresas que cotizan en bolsa, sociedades que emiten obligaciones en oferta pública, etcétera).
En otros casos, la auditoría se realiza por el hecho de que la soliciten personas autorizadas para ello, como ocurre en el caso de los socios minoritarios de las sociedades de capital que representen al menos un 5% del capital social (artículo 265 de la Ley de Sociedades de Capital).
Más allá de lo anterior queda la opción de someter voluntariamente las cuentas anuales a la revisión y verificación de un auditor externo. Esta decisión puede conllevar una serie de ventajas para la empresa como, por ejemplo, la mejora de la imagen y transparencia de la empresa ante terceros (entidades de crédito, posibles inversores, clientes, proveedores, etcétera) o la posibilidad de detectar errores o fraudes a nivel interno.
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